Difundir una grabación es ilegal, aunque seas parte de la conversación.
Solo es lícito grabar una conversación con el fin de nota privada o como prueba jurídica para un posible conflicto, difundir una grabación sea cual sea el medio es ilegal. Entendemos que previamente es difícil saber cuando una conversación será conflictiva, pero la experiencia que nos transmiten los usuarios de Burovoz tras multitud de juicios, es la mayoría de los casos, gracias a las conversaciones grabadas no se llega a juicio y se termina pactando previamente.
Adjuntamos una noticia relevante a la difusión de una grabación:
Albagate: sigue la chapuza
El caso Albagate, destapado por la grabación en el despacho del juez Salvador Alba de una conversación entre el propio juez y el empresario Miguel Ángel Ramírez, no sólo no remite sino que cada paso que se da para esclarecer lo ocurrido y las responsabilidades que existen en este asunto, lo que hace es conducir a nuevas chapuzas. Tras la difusión de la grabación parcial realizada por Ramírez, el juez Alba se decidió a grabar a varios de sus compañeros, con la intención probable de lanzar porquería al ventilador y demostrar que él no es el único que negocia o trafica con sus sentencias. En las grabaciones de Alba, aún más fuertes que las de Ramírez, incluso se intervienen conversaciones a sus colegas de Sala y a Carlos Vielba, padrino de su hija, y hasta hace unas semanas uno de sus mejores amigos, al que grabó el día después de que Vielba le ofreciera cándidamente un apaño con el empresario Ramírez para que la Guardia Civil extraviara las pruebas incriminatorias contra él. Alba no pudo grabar esa conversación el día que se produjo, pero al día siguiente, pidió de nuevo al incauto Vielba que le recordara la oferta, cosa que este hizo, permitiendo así que Alba le grabara y filtrara a los medios la abracadabrante oferta de un juez a otro para que -gracias a la buena mano de Ramírez en el Instituto Armado, según Vielba-, las pruebas se perdieran.
Lo más sorprendente del caso, es que Alba ha retirado la denuncia, lo que no sirvió de mucho a Ramírez, porque fue citado de todos formas. Pero el viernes se filtró -todos los días se filtra algo desde el juzgado- la transcripción oficial de la conversación grabada por Ramírez, recuperada sorprendentemente de la papelera de la grabadora, donde el mayor empresario de seguridad de Canarias -un tipo que maneja las últimas tecnologías en materia de interceptación de conversaciones y contramedidas para evitarlas-, se le había olvidado. Lo asombroso es que la transcripción realizada por la Guardia Civil de estas grabaciones vitales para entender todo el caso, resultan una extraordinaria y sorprendente chapuza: se hace aparecer en ellas -sin que realmente se les citara en la conversación- hasta a tres magistrados: el juez Miguel Ángel Parramón, al que la Guardia Civil confunde con el propio Miguel Ángel Ramírez, y a los jueces Pedro Herrera y el extorsionador Pascual Estevil (condenado y separado de la carrera judicial) cuyos nombres ni siquiera aparecen citados en las grabaciones. ¿Cómo puede la Guardia Civil haberse confundido hasta el extremo de presentar un peritaje que sólo resulta útil para la estrategia de pudrir la causa y obligar a suspender todo el procedimiento? Una estrategia en la que ahora coinciden tanto Alba como Ramírez, y también la Fiscalía, que tuvo necesariamente que colaborar con Alba en la preparación del procedimiento por fraude fiscal contra Ramírez que se quiso convertir en ‘caso Rosell’. Es curioso que la fiscal que preparó la acusación contra Ramírez, Evangelina Ríos, reiteradamente mencionada en las conversaciones entre Alba y Ramírez, no es identificada por el peritaje de la Guardia Civil. Más que curioso, resulta muy extraño. Es como si se quisiera evitar a la Fiscalía de delitos económicos de Las Palmas tener que explicar por qué ayudó a Alba cuando éste quería empurar a Rosell. Toda esta historia parece un sainete. Lo sería si no diera tanto asco (y tanto miedo).